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Boletín de noticias 23 de febrero de 2012
ASÍ SERÍAN CAMBIOS EN LA JUSTICIA PENAL MILITAR
Constitución incluiría delitos que bajo ninguna circunstancia serán investigados por militares.
Magistrados de las mismas calidades que se exigen a los miembros de la Corte Suprema y elegidos por los presidentes de las altas cortes integrarán el Tribunal de Garantías que el Gobierno quiere crear para los casos de militares procesados por la justicia ordinaria y los tribunales castrenses.
La conformación de ese organismo con juristas de primer nivel, expertos en Derecho Internacional Humanitario, es una de las propuestas de la Comisión de Expertos creada para definir la cirugía de fondo de la justicia penal militar. (Lea más noticias sobre la justicia penal militar)
EL TIEMPO profundizó en los alcances de la iniciativa, que será presentada el 29 de febrero en un foro en Bogotá y cuyo primer efecto fue la decisión del Ejecutivo de eliminar del proyecto de reforma de la Justicia el artículo que fortalecía el fuero militar.
Ayer, voceros de las ONG Human Rights Watch y Wola se reunieron en Estados Unidos con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y destacaron el retiro del artículo.
Judicatura resolverá conflicto de competencias
1. El tribunal utilizaría el poder preferente (es decir, asumiría los casos que considere relevantes) para cumplir el papel que desempeñan hoy los jueces de garantías, que son los que evalúan en un primer momento la solidez del caso y deciden sobre la libertad de las personas, pero no resuelven de fondo.
También tendrá control de acusación, de modo que puede decidir sobre las pruebas y el llamado a juicio de los procesados. En ningún caso los magistrados de este tribunal podrán ser oficiales activos.
2. Además del tribunal, como ya se dijo, se creará una comisión mixta integrada por unidades de Policía Judicial de las dos justicias, que será la encargada de conocer los casos de mayor impacto.
Tal comisión, cuya función sería netamente investigativa, decidirá en un primer momento si el delito se ajusta a la competencia de los tribunales civiles o de los militares. Sin embargo, su determinación no es definitiva: según la propuesta, la Fiscalía siempre tendrá la facultad de plantear colisiones de competencias que serán definidas, como sucede hoy, por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.
3. En la Constitución quedarán expresamente definidos cuáles delitos -lesa humanidad, violencia sexual, genocidio, tortura, muertes fuera de combate, desplazamiento forzado, narcotráfico- no serán conocidos por la justicia penal militar, sin importar las circunstancias en las que se den los hechos.
Se expedirá un ley que, por primera vez en Colombia, traducirá el Derecho Internacional Humanitario a la legislación interna.
"Será una ley estatutaria que expresamente dirá qué se puede y qué no se puede hacer en el marco del conflicto armado y en los operativos policiales", explicó uno de los autores de la propuesta.
De esta manera, se busca que haya seguridad para una Fuerza Pública que, como la colombiana, está todos los días en operaciones contra guerrillas, bandas criminales, narcotráfico y megaorganizaciones criminales.
4. Aunque todas las propuestas quedan en manos del Congreso y, posteriormente, si son aprobadas, de la Corte Constitucional (que con sus jurisprudencias de los últimos 18 años le marcó limites al fuero militar), la Comisión señaló varias condiciones básicas para iniciar la reforma de la justicia penal militar. La primera, que su rango de acción no cobije investigaciones ya iniciadas y que no incluya indultos ni amnistías como las que han propuesto algunos sectores.
Y la segunda, que se garantice la plena credibilidad de la justicia militar. Para ello, se buscarán la plena independencia de los jueces y fiscales militares de la línea de mando y estándares de calidad comparables a otras justicias penales militares del mundo.
PROCURADOR DESTITUYÓ A ROJAS BIRRY 12 AÑOS POR CONFLICTO DE INTERÉS
El personero había recibido 200 millones de pesos de la captadora ilegal de dineros.
El procurador, Alejandro Ordóñez, destituyó e inhabilitó por 12 años al personero saliente de Bogotá, Francisco Rojas Birry, cuyo periodo termina el 29 de febrero, por no haberse declarado impedido para actuar, por conflicto de intereses, en acciones realizadas en el 2008 contra la captadora ilegal David Murcia Guzmán ( DMG).
Después de tres años de investigación disciplinaria, en un fallo de única instancia, que tiene recurso de reposición, el procurador dijo que Rojas Birry incurrió en falta gravísima, a título de dolo, cuando expidió tres resoluciones, en noviembre del 2008, para comisionar a servidores de la Personería para actuar como veedores en operativos de la Policía, la Fiscalía y la agente interventora de DMG.
El conflicto de intereses se dio, según el Procurador, en el momento en que el Personero recibió 200 millones de pesos de manos de David Murcia Guzmán, la cabeza del grupo.
De hecho, la investigación disciplinaria se inició en abril del 2009, por unas interceptaciones telefónicas que fueron hechas públicas en varios medios de comunicación.
En conversaciones, William Suárez, cuñado de Murcia, habla sobre una millonaria suma entregada a Rojas Birry. Murcia y Suárez reiteraron después en sus confesiones el pago ante el juez noveno penal de Bogotá, que juzga al Personero por enriquecimiento ilícito.
Hace dos semanas, en el juicio, las dos cabezas de DMG dijeron que la entrega del dinero se hizo para apoyar su campaña política.
EL CONSEJO DE ESTADO DECIDIRÍA QUIÉN INVESTIGA 'CARRUSEL' DE PENSIONES
Así lo propuso el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, en carta que envió a ese tribunal.
En una carta enviada el viernes a la Sala de Consulta del Consejo de Estado, el Ministerio de Justicia le pidió a este tribunal que dirima el conflicto de competencias que hay para investigar al Consejo Superior de la Judicatura por 'carrusel' de pensiones. (Lea aquí la carta enviada por el Ministro)
Así lo confirmó el Ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien aseguró que este tribunal tiene la competencia no sólo de dar un concepto sobre el tema sino de tomar una decisión sobre si es la Contraloría o la Comisión de Acusaciones la que puede investigar fiscalmente a los magistrados de la Judicatura.
En días pasados, el Consejo Superior de la Judicatura nombró a siete conjueces para que se encargaran de resolver este conflicto. Sin embargo, a través de varias comunicaciones, la Contraloría ha manifestado su desacuerdo con que la Judicatura sea juez y parte en el mismo caso. (Vea la solicitud de la Contraloría)
El viernes pasado llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara una denuncia que señala que en el Consejo de Estado se podría estar gestando otro 'carrusel de pensiones'.
Esta vez los beneficiarios no serían magistrados auxiliares sino titulares, que por su edad no podrían cumplir con el periodo de ocho años, pero sí saldrían jubilados con una mesada millonaria.
La denuncia -de la que se conoce la procedencia pero aún no se ha repartido para ser verificada- menciona cuatro casos de magistrados de tribunales contenciosos del país que llegaron a ocupar puestos en el Consejo de Estado cerca de la edad de retiro forzoso: 65 años.
El documento advierte que ellos se verían beneficiados del decreto de 1971, que permite que quienes ocupan magistraturas se jubilen con el mejor sueldo del último año. El ascenso al Consejo significa saltar de una pensión de alrededor de 16 millones de pesos a una de magistrado de alta corte, que representa al menos un 20 por ciento más (entre 19 y 23 millones de pesos).
EL ESPECTADOR
POR REFERENDO ACABARÍAN CON TODO TIPO DE MALTRATO ANIMAL
Ante el latente riesgo de que se hunda un proyecto en ese sentido, todo estaría listo para la recolección de firmas.
El senador Camilo Sánchez habló de su búsqueda de acabar el maltrato animal.
Este miércoles el Senado de la República desarrolla el IV Foro Nacional e Internacional en contra del Maltrato Animal. El promotor de la audiencia, el senador Camilo Sánchez –quien tiene en trámite un proyecto en el mismo sentido–, dijo que lo que pretende con su iniciativa es acabar con todas las prácticas que desarrolla “una minoría muy poderosa que se ha encargado de mantener tradiciones de maltrato a los animales”.
Advirtiendo que su proyecto no solo ataca las corridas de toros sino cualquier tipo de maltrato (galleras, peleas de perros y maltrato en circos), el legislador liberal señaló que “donde hay maltrato animal hay maltrato humano; así lo demuestran los estudios científicos”.
Por eso, en medio de la polémica suscitada en los últimos días por el anuncio del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro Urrego, de buscar la prohibición de las corridas de toros en la capital, el líder cundinamarqués admite el latente riesgo de que se hunda su proyecto.
Lobby contra el proyecto
En ese sentido, advirtió que “ya están haciendo lobby para hundir la iniciativa en contra del maltrato animal pues vimos como uno de los matadores más importantes que ha tenido la historia de Colombia (César Rincón) invitó a los congresistas a su finca y está tratando de hacer el lobby para que el proyecto no pase”.
“Ellos están interesados en que esto siga prevaleciendo (…) son solamente siete países en el mundo los que mantienen esta cruenta y loca fanaticada…aquí lo que no han querido entender es que hay una relación directa entre el maltrato animal y el maltrato humano”, sostuvo.
La nueva fórmula
Al indicar que más del 93% de los colombianos están en contra del maltrato animal, Sánchez anunció que en caso de que el Congreso hunda su proyecto, acudirá a la recolección de firmas y la presentación de un referendo para acabar con el maltrato animal.
“Si aquí (en el Senado) nos juegan a que nos van a hundir el proyecto en el Congreso con leguleyadas, vamos a pedir que Colombia se pronuncie a través de un referendo”, advirtió.
Y continuo: “el referendo tiene la ventaja que es el pueblo el que decide y ahí no van a decir que estamos persiguiendo a nadie o van a decir que estamos haciendo esta campaña porque es un año electoral”.
Otro proyecto más
Adicional al referendo, el senador anunció que también buscará que los menores de edad no puedan entrar a las corridas de toros. Según él, a través de leguleyadas se permite el ingreso a los menores para evitar que no se pierda la generación que haría que desparezca de una vez por todas las corridas y el maltrato animal.
“Aquí hay una doble moral porque prohibimos la entrada a cine a ver sexo de mentiras, violencia de mentiras y guerras de mentiras pero a los niños les permitimos ver sangre, martirio y dolor de verdad en una corrida”, explicó.
Finalmente, el legislador consideró que eventualmente buscará al alcalde Petro para que respalde su iniciativa para acabar las corridas de toros y cualquier tipo de maltrato animal.
SON 1.750 LOS PENSIONADOS PRIVILEGIADOS
El debate sobre la reforma pensional calienta motores con cifras sorprendentes.
Que el país necesita con urgencia una reforma pensional seria y a fondo, de eso no cabe duda. Así lo demuestran las cifras del DANE y del Centro de Investigaciones para el Desarrollo (CID) de la Universidad Nacional, que por encargo de la Procuraduría se dio a la tarea de realizar un estudio que revela datos interesantes y desconocidos sobre la crisis pensional, tales como que al Estado le sale más caro pagar las demandas jurídicas por desacato de normas y dilación de procesos, que cumplir con la normatividad jurídica en el régimen de prima media.
Según el estudio realizado por el CID, las 1.750 personas que están en la parte alta de la pirámide pensional reciben cada año, en promedio, $167,1 millones ($14 millones mensuales). Este segmento “es exclusivo del sector público y está fuertemente concentrado en el Congreso (652) y Cajanal (307). Esto mientras 748.208 de sus similares, situados en el otro extremo de la pirámide, sólo reciben $6,8 millones (unos $600.000 mensuales). Estas cifras, es de aclarar, son del año 2006, porque el Ministerio de Hacienda se negó a entregar información más reciente, a pesar de las peticiones que en tal sentido le hizo la Procuraduría”.
Por su parte, los datos del DANE señalan que, a octubre de 2011, de los 19 millones de trabajadores que hay en Colombia, sólo unos 6 millones cotizan al sistema y representan el 29% de la población ocupada. El resto, 13 millones, no puede hacerlo, bien por estar en la informalidad (unos 11 millones) o por estar desempleados (más de 2 millones). Además, el país destina $24 billones al año para pagos de pensiones del sistema de prima media, que cubre 1,2 millones de personas, pero el 58% de éstas reciben menos de dos salarios mínimos al mes.
Lo cierto es que la discusión en torno a la reforma comienza a calentarse. Asofondos cree que el criterio de régimen de prima media debe transformarse; que los principios de la reforma deben ser la universalidad, la equidad y la sostenibilidad financiera y que definitivamente se deben eliminar los regímenes especiales de pensiones. Para Héctor Vásquez, analista de la Escuela Nacional Sindical, la reforma no puede estar centrada sólo en el incremento de la edad y el número de semanas de cotización. En su opinión, debe hacerse una reforma integral, “que responda al problema de la sostenibilidad financiera, pero que además resuelva dos problemas fundamentales: la exclusión y la desprotección abrumadora en que hoy están los adultos mayores de 60 años”.
Además, dice Vásquez, el sistema pensional debe ser público y no privado, “porque el esquema de ahorro individual sólo le devuelve al trabajador lo que ahorró, y eso le alcanza para 4 ó 5 años, más allá se queda sin protección. Es un sistema que sólo le sirve al sector financiero para hacer buenos negocios, como está ocurriendo hoy con los fondos privados de pensiones. La propuesta es que estos fondos sean una alternativa para el que quiera tener una pensión mayor y pueda cotizar adicionalmente. Pero debe privilegiarse el régimen de prima media”.
ELECCIÓN DE VIVIANE MORALES NO FUE IRREGULAR": DEFENSA
En una carta al Consejo de Estado se rechazan los argumentos presentados en la demanda en contra de su nombramiento como Fiscal General.
Los abogados de la fiscal General, Viviane Morales, le enviaron una documento al Consejo de Estado en el que se rechazan uno a uno los argumentos presentados por la demanda en contra de su cliente, manifestando que no se presentaron irregularidades en su elección como jefe del ente investigador en diciembre de 2010.
Según el documento de 15 páginas, los abogados de la Fiscal General señalan que no se presentó ilegalidad ni irregularidad alguna en la conformación de la terna para fiscal por parte del presidente Juan Manuel Santos en la que estaban incluidos el ahora ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra, el exprocurador Carlos Gustavo Arrieta y la excongresista Viviane Morales.
Igualmente se manifiesta que tampoco existieron vicios de fondo en su elección por parte de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, señalando que "actuaron en cumplimiento de la Constitución Política y la ley".
En sus argumentos se aclara el presidente de la república, Juan Manuel Santos, “estaba facultado” para postular una terna, rechazando los señalamientos para sobre la violación a la Constitución en este asunto.
Se precisa en este punto que el primer mandatario podía reformular la terna existente, la cual había sido nombrada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez y podían cambiarse los nombres de los ternados.
“Razonablemente imponen al presidente el deber de continuar ejerciendo la función de postular candidatos, de manera que la terna cumpla la finalidad a la cual está destinada", se precisa en uno de los apartes.
Para ello se basan en dos sentencias: una proferida el 16 de septiembre de 1999, del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y otra de Víctor Hernando Alvarado Ardila, el 6 de agosto del 2009.
¿Una elección irregular?
Para los juristas, durante la Sala Plena celebrada el 2 de diciembre de 2010, existían cinco plazas de magistrados vacantes, es decir que no se presentó ninguna irregularidad en la votación.
Para la defensa, la certificación de la Corte del 16 de febrero del 2011 confirma que la fiscal fue elegida en pleno con 14 votos de un total de 18.
“Por lo tanto, la mayoría simple de la Corporación en ese momento en particular correspondía a 10 magistrados y 12 de ellos componían las dos terceras partes, lo cual lleva a concluir que la elección fue válida”.
Vale recordar que en la demanda se argumenta que la fiscal no contó con el número de votos exigido, 16, es decir, las dos terceras partes del quórum que componen los 23 magistrados de la Corte Suprema.
Además se asegura que la elección fue confirmada por 16 magistrados. En este caso también se citan sentencias del propio Consejo de Estado. Para este caso se señala un fallo de la Sección Primera del 6 de junio de 1991 del exmagistrado Miguel González Rodríguez.
TRES MIL POSTULADOS A JUSTICIA Y PAZ PODRÍAN QUEDAR LIBRES
Con esto se perdería el compromiso de verdad, justicia y reparación de los grupos paramilitares.
Una advertencia hizo el abogado Jairo Alberto Moya sobre la posibilidad de que más de 3 mil paramilitares postulados a la ley de Justicia y Paz puedan quedar en libertad en los próximos meses debido al cumplimiento de su pena de ocho años de prisión.
Según el jurista, quien defiende a las víctimas de las acciones delictivas del Bloque Vencedores de Arauca de las Autodefensas, con esto los compromisos de verdad, justicia y reparación se perderían, puesto que estás personas no ingresarían a la Ley.
“Se están acumulando muchos fallos en contra de paramilitares, y estos ya están cumpliendo sus condenas, hecho por el cual se acerca un punto en que la mayoría puedan reclamar su libertad después de pagar los 8 años que se les impuso por su desmovilización”, precisó el abogado.
Según Moya, el Bloque Vencedores de Arauca dejaron más de 200 víctimas en diferentes regiones del territorio nacional, y hasta el momento se desconoce la ubicación de cientos de fosas comunes, los autores materiales e intelectuales de los crímenes.
ÚLTIMA CITACIÓN PARA TESTIGO CLAVE EN PROCESO DEL PALACIO DE JUSTICIA
El cabo Edgar Villamizar será conducido por la policía según orden judicial.
El juez 55 penal de Bogotá le dio un ultimátum al cabo (r) Edgar Villamizar para que comparezca este jueves en calidad de testigo dentro del proceso que se adelanta contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares por el delito de desaparición forzada tras la retoma del Palacio de Justicia, ocurrida el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Este miércoles el funcionario judicial informó que esta es la última citación al suboficial, precisando que en nueve oportunidades no se ha presentado a declarar argumentando que teme por su seguridad.
Fuentes cercanas al juzgado manifestaron que en reiteradas oportunidades se le han enviado las citaciones al cabo en retiro, señalándole que tiene todas las garantías tanto de protección como judiciales para que declare en el juicio, sin que estos llamados hayan sido tenidos en cuenta por el testigo.
Igualmente informaron que el juzgado ordenó a a la Policía para que conduzca a Villamizar Espinel a la diligencia judicial, aunque hasta el momento ha sido imposible contactarlo en las direcciones que tienen en su registro.
"La Fiscalía solicitó la conducción del testigo renuente a comparecer en varias oportunidades, se ha insistido en eso y no se ha logrado lamentablemente la comparecencia, pero ello ya es una decisión que le corresponde al señor juez que conoce del proceso del Palacio de Justicia", manifestó el jefe de la Unidad de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio.
La petición de la Fiscalía ha sido apoyada por los abogados de los familiares de los desaparecidos en la toma del Palacio y por el propio coronel (r) Sánchez Rubiano.
A finales del año pasado, Villamizar Espinel envió, a través de su hijo, una carta al juzgado 55donde condiciona su asistencia al juicio, hasta tanto la Procuraduría no cumpla con los compromisos que asegura adquirió con él.
Villamizar es considerado uno de los principales testigos en los procesos que se adelantan por la presunta responsabilidad de un grupo militares que participaron en las operaciones de retoma del Palacio de Justicia en actos de tortura y posterior desaparición de 11 personas a las que se habría acusado de pertenecer al M-19.
Sin embargo, en repetidas ocasiones los defensores de los militares acusados y la misma Procuraduría, han puesto en duda a este testigo, señalando que “fue suplantado” para que su testimonio involucrara a los comandantes de la operación con la desaparición de ocho empleados de la cafetería del Palacio, tres visitantes ocasionales y la guerrillera Irma Franco.
Según la Fiscalía, Sánchez Rubiano tuvo la responsabilidad en las operaciones de retoma de adelantar labores de inteligencia, entre la cuales estaban las de identificar a los rehenes que eran trasladados desde el Palacio de Justicia hasta la Casa del Florero.
Por similar situaciones también son juzgado los sargentos (r) Óscar William Vásquez, Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña, quienes fungieron como subordinados de Sánchez en la retoma del Palacio.
EL DIABLO EN LOS DETALLES
Por: Catalina Ruiz-Navarro
El proyecto de acto legislati-vo sobre la legalización de la dosis personal, que acaba de pasar Alba Lucía Pinilla, está muy bien, a grandes rasgos.
Su argumento se basa en el libre desarrollo de la personalidad que garantiza la Constitución y busca que se haga énfasis en la rehabilitación y no en la punición, pues el consumo es, cuando más, autodestructivo y no afecta a terceros. Incluso reconoce lo dañina e infructuosa que ha sido la guerra contra las drogas, y hasta ahí parece justo, sensato y necesario, salvo por un pequeño detalle que puede llegar a ser peligrosísimo.
El proyecto pide que no se estigmatice a los consumidores como delincuentes porque, según dice “es perfectamente claro que quien ostente tal condición sin duda es un enfermo, y no se discute que si el afectado pretende mejorar su condición o recuperarse habrá de someterse a tratamientos dirigidos por especialistas”. No repara en que decirle a todos los consumidores enfermos es ya una estigmatización pues, ni todos los consumidores de sustancias psicoactivas ilegales son adictos, ni todos los adictos son enfermos. Si bien el proyecto menciona los diferentes tipos de consumidores (habituales, disfuncionales, destructivos, experimentadores y ocasionales), citando la ponencia del magistrado Yesid Ramírez a la Corte Suprema de Justicia, no se vuelve al punto, y después se sugiere que todos los consumidores deben recibir tratamiento.
Esto presenta dos problemas. El primero es que los supuestos centros de tratamiento en su mayoría no están certificados y con frecuencia imparten una especie de teoterapia, que deja a los consumidores abocados al miserable futuro de contar en un bus, por unas cuantas monedas, la historia de cómo conocieron a Dios. En muchos centros de rehabilitación simplemente les cambian a los pacientes una adicción por otra, opio por religión, y quedamos en las mismas, pues el problema de la dependencia en sí no se trata. El escenario de la cristología intensa, sin embargo, es mejor al de otros centros de rehabilitación donde llegan a maltratar e insultar a los pacientes, aprovechando que los diferentes métodos para el tratamiento no están controlados ni unificados.
El segundo problema es la gran hipocresía o ignorancia que lleva a unos a aceptar al consumidor frecuente de alcohol, pero tachar de enfermo al consumidor habitual de otras sustancias que alteran la conciencia pero que son ilegales. Además, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el 85% de los consumidores de SPA ilegales no tienen daños derivados de ellas, y por lo tanto sería una ridiculez gastar fondos públicos en un tratamiento innecesario.
El proyecto de acto legislativo tiene que pasar todavía por alrededor de ocho debates y ellos serían una buena oportunidad para dejar de tratar el tema de la droga con esa doble moral llena de inexactitudes. Inexactitudes que permiten que, por ejemplo, la policía se dé gusto llevando gente a la UPJ, ya que ni agentes ni ciudadanos saben que la dosis personal no está penalizada actualmente, o que permiten que centros cristianos presten un servicio que, cuando es ofrecido por el Estado, debe ser laico. Hay una sola manera de lidiar con el problema del consumo de sustancias y es con rigor y exactitud, y sin esa mojigatería que guarda entre sus faldas al mismo diablo al que tanto teme.
Pata: Se acaba de aprobar en el Concejo un proyecto que prohíbe el grafiti en Bogotá. Solo falta la firma de Petro que aceptó esperar a escuchar a los grafiteros. Si el proyecto pasa, justificaría el homicidio del joven Diego Felipe Becerra a manos de un policía y sus prejuicios, y caer en la ingenuidad de creer que los procesos de la contracultura se pueden normalizar.
REFORMA TRIBUTARIA ACABARÍA INCENTIVOS A EMPRESAS QUE NO GENEREN EMPLEO
En el Congreso de la República han empezado a aparecer los detalles de la reforma tributaria que el ministerio de Hacienda presentará en marzo.
Trascendió que muchos incentivos que “no tiene razón de ser” van a desaparecer del sistema tributario del país. El senador Camilo Sánchez Ortega dijo que “la reinversión de utilidades se tendría que permitir, si se muestra incremento al empleo, pero eso no ha sucedido (…) a muchas empresas se les dio el beneficio, se ganaron la plata pero no se generó empleo”.
Por eso, ahora la idea es establecer mecanismos donde solo a quién genere empleo formal se le mantengan los incentivos. “Esas empresas que simplemente mantienen los mismos o menos empleados, vamos a buscar que le sean desaparecidos esos beneficios”, explicó Sánchez.
Quitar tantas exenciones
De otro lado, se conoció que se van a quitar las exenciones pues “con o sin esos beneficios, de todas maneras la inversión extranjera va a llegar al país”.
“Esos beneficios tributarios le cuestan al Estado más de $8 billones que no debían ser entregados a los inversionistas sino a la parte social del país”, explicó.
En el mismo sentido, el senador destacó que con la reforma se cumple la palabra del presidente Juan Manuel Santos de “no incrementar tarifas” en los impuestos.
“La idea no es incrementar, es hacer pagar a quienes no están pagando; los que están evadiendo y eludiendo”, sostuvo Sánchez.
Finalmente, se buscará un fortalecimiento de la DIAN para hacerla ser “la verdadera caja de los recursos de la Nación”.
REVISTA SEMANA
EL LÍO DEL JUEZ PENAL MILITAR QUE INTENTÓ LLEVAR EL CASO PLAZAS VEGA
Por promover colisión de competencias, el juez primero de la división del Ejército mayor (r) Mauricio Cujar Gutiérrez podría pagar una pena de doce años de cárcel. El próximo 22 de marzo comienza la audiencia preparatoria. La Fiscalía lo acusó por el delito de prevaricato por acción.
En enero del 2009, el abogado Andrés Garzón dirigió un escrito a los juzgados de división del Ejército en el que les pedía que asumieran la competencia en el caso de Alfonso Plazas Vega en el proceso del Palacio de Justicia (1985). El juez Mauricio Cujar Gutiérrez envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, María Stella Jara, para que aceptara el traspaso del proceso de su despacho a la justicia penal militar. El caso, aunque se mantuvo en la justicia ordinaria, sufrió un estancamiento a causa de dicha solicitud.
Los representantes de las víctimas, casi de inmediato, interpusieron una demanda contra el juez Cujar y pidieron que se investigara al abogado que hizo la solicitud. “El argumento de Cujar Gutiérrez se basaba en que en los hechos del Palacio de Justicia no hubo desaparecidos y que todo se enmarcó en actos de guerra que debían ser de conocimiento exclusivo de la justicia penal militar”, explica el abogado de las víctimas, Jorge Molano.
La petición del juez fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura, que finalmente la rechazó y la calificó de antijurídica. Sin embargo mientras lo resolvió el caso estuvo frenado. A Cujar Gutiérrez, por esos hechos, le imputaron el delito de prevaricato por acción. Y este miércoles el ministerio de Defensa se reconoció como víctima en el proceso. La razón es que las actuaciones del juez afectan la imagen de la justicia penal militar.
Jean Carlo Mejía, director de la Defensoría Militar Integral (Demil), asegura frente al tema que aunque respeta la posición del ministerio de Defensa, “no existe una afectación a la imagen de la justicia penal militar, si desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario y el derecho operacional, el fiscal delegado ante el tribunal solicitó el regreso de un caso en medio de una operación militar a la justicia castrense”.
Sin embargo, el ministerio fue aceptado y el próximo 22 de marzo continuará en el Tribunal Superior de Bogotá la diligencia contra el juez. Ese día empezará la audiencia preparatoria que dará paso al juicio. Y de acuerdo con el delito, Cujar Gutiérrez podría pagar una pena de doce años de cárcel, al haberse extralimitado en sus funciones jurídicas y administrativas.
Hace menos de un mes el Tribunal Superior de Bogotá confirmó en fallo de segunda instancia que, por los hechos sucedidos los días 6 y 7 de noviembre de 1985, el coronel Plazas Vega deberá pagar 30 años de prisión.
El Tribunal estableció que la decisión en contra del coronel Plazas Vega corresponde a sólo dos de los llamados desaparecidos del Palacio de Justicia. Se trata de la exguerrillera Irma Franco y el administrador de la cafetería del lugar, Carlos Augusto Rodríguez Vera. En cuanto a las otras nueve personas desaparecidas, que no hacen parte de la condena, se decretó nulidad parcial de lo actuado a partir del cierre de la investigación.
Sobre Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lirazazo, Luz Mary Portela, Norma Esguerra, Gloria Anzona y Lucy Amparo Oviedo, el Tribunal consideró que la investigación no reunía los requisitos de seriedad e integralidad, por lo cual dispuso la nulidad para que se recolecte más evidencia y se establezca si realmente están desaparecidas o sus cuerpos reposan entre los cadàveres encontrados y evacuados del Palacio de Justicia en noviembre de 1985.
Plazas debe cumplir su condena en un centro carcelario en condiciones que no hieran a las víctimas ni a la sociedad, señala la sentencia del Tribunal, que además advierte que ninguna unidad militar del país puede llevar el nombre de Alfonso Plazas Vega.
El fallo también ordena que el ministro de Defensa, el comandante de las Fuerzas Militares, el comandante del Ejército, el comandante de la Brigada 13 y el comandante de la Escuela de Caballería celebren, en los próximos tres meses, un acto público en la Plaza de Bolívar en el que pidan perdón por los delitos registrados los días 6 y 7 de noviembre de 1985.
LOS ARGUMENTOS DE VIVIANE MORALES PARA NO SALIR DE LA FISCALÍA
La próxima semana el Consejo de Estado iniciará el estudio de la demanda contra la elección de la fiscal general. La defensa ya entregó sus argumentos.
En la respuesta a la demanda sobre las presuntas irregularidades en le elección de la fiscal general, Viviane Morales, no sólo se rechazan todos los argumentos del demandante. Semana.com conoció el documento en el que los abogados de la fiscal presentan sentencias ‘claves’ del propio Consejo de Estado.
Hace unos meses, cuando se inició la discusión en la sala plena de esa corporación de la demanda por pérdida de investidura, los abogados de la fiscal presentaron la respuesta a la querella en la que rebaten cada uno de los puntos.
Allí se asegura que el presidente Juan Manuel Santos y la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia "actuaron en cumplimiento de la Constitución Política y la ley". Estas son las respuestas de Viviane Morales.
La firma
Lo primero que desvirtúa la defensa de la fiscal es que no era necesaria la firma del entonces ministro del interior, Germán Vargas Lleras, para que se cumpliera con el acto administrativo en la postulación de la terna por parte del presidente, Juan Manuel Santos.
"Desconoce el demandante que en este caso el presidente de la República estaba fungiendo como jefe de Estado y Suprema Autoridad Administrativa (…) El acto mediante el cual se formalia la terna tiene valor y fuerza con su sola firma", se asegura en escrito.
Como prueba los abogados piden que se revise un concepto del Consejo de Estado de la Sala de Consulta y Servicio Civil el cual fue hecho el 3 de noviembre del 2010. En este se resolvió un cambio de terna en un cargo de la Presidencia de la República, con la sola firma del mandatario.
Dos ternas
El texto también señala que el presidente de la república, Juan Manuel Santos, estaba facultado para postular la terna y que no se violó el artículo 249 de la Constitución, según el cual el mandatario sólo podía postular para fiscal una vez.
Para la defensa es claro que el jefe de Estado puede reformular la terna, ya que eventualmente hay la posibilidad de que los ternados se retiren o mueran, lo que obliga a reformular las aspiraciones.
Incluso el hoy expresidente Álvaro Uribe lo hizo en su momento ante el retiro de los postulados.
"(…) razonablemente imponen al presidente el deber de continuar ejerciendo la función de postular candidatos, de manera que la terna cumpla la finalidad a la cual está destinada", se lee en el texto en el cual se cita el mismo el fallo del Consejo de Estado de la sala de Consulta y Servicio Civil.
Falta de votos
El otro de los argumentos que rebate la defensa de la fiscal es que no se contó con el número de votos exigido, 16, es decir, las dos terceras partes del quórum que componen los 23 magistrados de la Corte Suprema.
Para la defensa, la certificación de la corte del 16 de febrero del 2011 confirma que la fiscal fue elegida en pleno con 14 votos de un total de 18 y que había cinco vacantes.
“Por lo tanto, la mayoría simple de la Corporación en ese momento en particular correspondía a 10 magistrados y 12 de ellos componían las dos terceras partes, lo cual lleva a concluir que la elección fue válida”.
Además se asegura que la elección fue confirmada por 16 magistrados. En este caso también se citan sentencias del propio Consejo de Estado. Para este caso se señala un fallo de la Sección Primera del 6 de junio de 1991 del exmagistrado Miguel González Rodriguez.
Violación del debido proceso
Otro de los cargos de la demanda es el de la presunta violación al debido proceso. El demandante, Ferleyn Espinosa, asegura que el presidente ya había agotado la facultad de conformar una nueva terna.
En respuesta a eso la defensa de la fiscal sostiene que por ser la elección del fiscal general de la nación "un acto complejo", el presidente está facultado para reformular la terna. “Se respetó el procedimiento establecido por la Constitución y por la ley”, se señala.
Para ello se basan en dos sentencias: una proferida el 16 de septiembre de 1999, del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, y otra de Víctor Hernando Alvarado Ardila, el 6 de agosto del 2009. En ellas se concluye: “La Jurisprudencia de esta Corporación ha entendido que el acto complejo es aquel que requiere para su formación la reunión de varias voluntades de la Administración”, es decir, que la postulación y elección debe demandarse en su integridad y no solo por partes.
Lo que viene
Un pacto de silencio entre los magistrados del Consejo de Estado es la primera decisión que tomaron los juristas de ese alto tribunal, quienes a partir de este martes, empezaron a examinar la ponencia del magistrado Alberto Yepes sobre la elección y pérdida de investidura de la fiscal general, Viviane Morales.
Del resultado de la sala plena se sabe poco. Sólo que el magistrado presentó un informe oral del proyecto de sentencia.
A partir de ahora cada uno de los 27 magistrados tendrá que analizar lo expuesto en la ponencia. Incluso se habla de que el debate pueda tardar varias sesiones plenas.
El propio presidente del Consejo de Estado reconoció que la demanda tiene puntos complejos por lo que “habrá una presentación jurídica de 27 personas y las controversias dan para varias sesiones plenas en ese trabajo”.
Antes del debate, la sala plena tendrá que resolver un presunta inhabilidad del magistrado Marco Antonio Velilla quien, como es sabido, hizo parte de una de las ternas al cargo de fiscal.
EL NUEVO SIGLO
ÚLTIMO LLAMADO A TESTIGO DE PALACIO
Un ultimátum dieron al cabo (r) Edgar Villamizar para que comparezca en calidad de testigo por el proceso de la desaparición forzada tras la retoma del Palacio de Justicia.
El juez 55 penal de Bogotá hizo este llamado para que Villamizar responda a indagatoria contra el excomandante del B-2 del Ejército, coronel (r) Edilberto Sánchez Rubiano y otros cuatro militares.
Según el funcionario judicial, ésta es la última citación al suboficial, precisando que en nueve oportunidades no se ha presentado a declarar argumentando que teme por su seguridad.
En reiteradas oportunidades le han enviado las citaciones al cabo en retiro, indicándole que tiene todas las garantías tanto de protección como judiciales para que declare en el juicio.
Igualmente informaron que el juzgado ordenó a la Policía para que conduzca a Villamizar Espinel a la diligencia judicial, aunque hasta el momento ha sido imposible contactarlo en las direcciones que tienen en su registro.
Esta petición de la Fiscalía ha sido apoyada por los abogados de los familiares de los desaparecidos en la retoma al Palacio.
COLISIÓN POR QUIÉN DEBE INVESTIGAR ‘CARRUSEL’ PENSIONAL
Las investigaciones que se empezaron a adelantar a magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura han provocado un enfrentamiento entre la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara y la Contraloría General de la República.
Hace menos de un mes, la Comisión le manifestó a la contralora Sandra Morelli su intención de quitarle la investigación, argumentando que ellos son quienes deben estudiar estos casos.
“Le solicito se sirva remitir a esta célula congresional todos y cada uno de los procesos que cursan en su despacho en contra de funcionarios que gozan de fuero constitucional, toda vez que a esta Comisión le compete, en virtud del mandato constitucional, conocer de la investigación contra los referidos funcionarios”, le escribió a Morelli el secretario de la Comisión Gonzalo Pinzón.
Ayer, la contralora Morelli contestó que “no puedo entregar documentos porque tienen reserva” e insistió que ella sí tiene la competencia para adelantar la investigación.
“Creo que en este tema de la investigación se ha querido crear confusión institucional y, si es de competencias, la responsabilidad fiscal se le asigna a la Contraloría”, declaró Morelli, precisando que el tema del ‘carrusel’ de las pensiones está relacionado con un tema fiscal en el cual la entidad tiene facultad para investigar a los magistrados que a través de sus decisiones pudieron haber “afectado la plata de la nación”.
La víspera Morelli invitó a la Corte Constitucional a emitir un “pronunciamiento unificado” sobre diversos aspectos en materia pensional y que puedan dar cumplimiento a los mandatos constitucionales, que le exigen al Estado la sostenibilidad fiscal del sistema y la liquidación de las pensiones teniendo en cuenta las cotizaciones, ya que “esta falta de claridad en normas y jurisprudencia dieron lugar a los consabidos carruseles de pensiones”.
CMI
ALTAS CORTES INSISTEN EN INCONVENIENCIA DE LA REFORMA A LA JUSTICIA
Los pronunciamientos se produjeron durante un foro sobre la reforma a la justicia, que se realizó en la Universidad Santo Tomás, en Bogotá.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, aseguró que si no se aprueba una reforma a la justicia que le sirva al ciudadano, sería mejor que no haya proyecto.
Durante un foro sobre el tema de la reforma a la justicia que se realizó en la Universidad Santo Tomás, el magistrado insistió en que las Cortes no fueron escuchadas durante el trámite en el Congreso.
“Los jueces nos vemos muy mal en los pasillos del Capitolio, aunque eso no significa que no hablemos con los congresistas o que no le tengamos respeto al presidente de la República y su gabinete”, indicó el jurista.
Gustavo Gómez señaló que la reforma está rediseñando la composición del Estado, en vez de estar atacando los problemas que realmente le preocupan a la justicia, como la congestión y el acceso de los ciudadanos a una justicia eficaz.
“Si la reforma es aprobada en el Congreso, que dolor para los colombianos, pero confío en el buen juicio del presidente y los demás interesados en el tema. Seguramente hay que hacer una reforma pero no para reconfigurar el Estado y potenciar instituciones que nos van a hacer mucho más daño en el futuro”, añadió el magistrado.
Por su parte, el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church, sostuvo que la reforma no es conveniente y defendió el trabajo que durante 20 años ha hecho ese alto Tribunal en el manejo y distribución de los recursos de la Rama.
Sobre el mismo tema el presidente de la Cámara de Representantes, Simón Gaviria, estuvo de acuerdo con los planteamientos de los magistrados y dijo que lo más urgente es una justicia eficaz.
“Todo el esfuerzo de la reforma ha sido en el tema de equilibrio de poderes y no para descongestión. Se le gastó mucho tiempo a la propuesta del fuero militar y eso más que todo era un mensaje de respaldo a las Fuerzas Militares. Por eso celebro la decisión del Gobierno de retirarla del proyecto”, aseguró Gaviria.
El viceministro de Justicia, Pablo Felipe Robledo, respondió a los cuestionamientos afirmando que las Cortes sí han sido escuchadas y que la mayoría de propuestas contenidas en la reforma son de los jueces.
“No es verdad lo que las Cortes han dicho, que supuestamente durante el trámite se desatendieron las observaciones que ellos hicieron o por lo menos es una verdad relativa, pero tampoco es cierto que nada de lo que aportaron haya sido tenido en cuenta. La reforma sí está concebida para ayudarle al ciudadano”, puntualizó Robledo.
ORDENAN A REGIONES DEVOLVER RECURSOS PARA SECTOR DE LA CULTURA
los entes territoriales tendrán que devolver cerca de 30 mil millones de pesos al sector de la cultura, de los recursos que no fueron invertidos en los últimos siete años según un fallo de la Corte Constitucional.
La ministra de Cultura, Mariana Garcés, sostuvo que gracias al fallo del alto Tribunal que declaró exequible la Reforma Tributaria, los recursos que se reintegren al Tesoro Nacional serán destinados a la ejecución de proyectos de inversión para la restauración del patrimonio cultural.
“Esos recursos corresponden a una de las principales fuentes de financiación con la que cuenta el sector cultural, y corresponde a un porcentaje del impuesto IVA de la telefonía móvil para el fomento, promoción y desarrollo de la cultura”, indicó la ministra.
Mariana Garcés sostuvo que los recursos servirán para la restauración del patrimonio nacional en todo el territorio colombiano.
“Cuando los recursos sean incorporados serán invertidos de común acuerdo con los gobernadores y alcaldes, dependiendo de las necesidades y las propuestas que ellos mismo hagan”, puntualizó Garcés.
La Corte estableció que este fallo en un mecanismo idóneo para la promoción del patrimonio cultural, que se ubica dentro del eje de igualdad de oportunidades para la prosperidad social.